Hasta que Migraciones las separe
Hace dos años se casaron en Canadá y vivían en Venezuela. Por problemas familiares, la pareja debe instalarse en Argentina. Pero una jueza civil no reconoció el matrimonio, y Migraciones amenaza con deportar a la española. En la embajada española les dieron la libreta.
Por Soledad Vallejos
“Hágase saber a la extranjera” que es “irregular la permanencia en el país”, que está cancelada “la residencia precaria que se le hubiese otorgado” y que en treinta días hábiles podría “decretarse su expulsión y prohibirse su reingreso” a la Argentina. Eso respondió la Dirección Nacional de Migraciones cuando la española C. P. pidió que el país reconociera el matrimonio civil que ella y la ciudadana argentina Diana Cordero celebraron en Canadá hace dos años, y que en España ya les valió la libreta de familia. Tras el casamiento vivían en Venezuela (en cuya Defensoría del Pueblo nacional trabajaba Cordero), pero a fines del año pasado decidieron instalarse en Argentina, porque, explica Cordero, “mamá está mayor” y quiere estar cerca.
Desde entonces, fue “todo un desastre”, resume la argentina: al no tener residencia, su mujer no tiene documentos ni amparo legal para trabajar, y ellas no pueden acceder a ninguno de los derechos económicos garantizados para otras familias. De hecho, C. P., que en España se garantizaba una vida cómoda gracias a su trabajo en un estudio de arquitectura, en Argentina, a los 42 años, no tiene manera de acceder a un trabajo decente y estable. Ahora, la Dirección de Migraciones la intima a dejar el país, la Justicia civil nacional demora su respuesta y el Inadi acaba de aceptar una denuncia hecha por la pareja. “Aunque somos legalmente un matrimonio, no nos reconocen como familia, nos discriminan porque somos mujeres, nos discriminan por nuestra orientación sexual. Soy una ciudadana de segunda”, resume Cordero, de 53 años, mientras los días pasan, su matrimonio está en cuestión y su mujer no sabe cuál será su último día en Argentina.
La vida cotidiana para las cónyuges es cuanto menos complicada. “Sobrevivimos las dos con 350, 400 euros que gano yo con algunos trabajos de Internet”, explica Cordero. Los obstáculos aparecen cada vez que intentan hacer alguna de las cosas que, para otras parejas y familias, resultan naturales. “Ella vive como ilegal, porque no tiene papeles. Ni siquiera podemos tener una cuenta bancaria juntas, una caja de ahorro básica de cualquier banco trucho de barrio, nada. Eso hace que vivamos con muchos apremios”, enumera por señalar algunas de las cuestiones más notables y complicadas de sobrellevar, aunque no son sólo los problemas de dinero los que acarrean incertidumbre. “Todos los días tenés esa inestabilidad, sabés que ella está acá pero tiene esa espada de Damocles pendiente, y que en cualquier momento le pueden dictar la expulsión.”
La pareja, que en la Justicia Nacional en lo Civil aguarda respuesta a un pedido de reconocimiento civil hecho al tribunal 10, a cargo de María Celia García Zubillaga, cuenta también con el respaldo de la Federación Argentina LGBT (Falgbt). “Nosotros no vamos a permitir que expulse a la mujer de Diana Cordero”, aseguró María Rachid, presidenta de la Falgbt a este diario. “Vamos a poner el cuerpo para evitarlo si es necesario, no vamos a permitir que se expulse a una persona de Argentina porque no se le reconocen sus derechos”, agregó antes de recordar que “desde la Federación insistimos para que se modifique la ley de matrimonio civil cuanto antes”.
“Espero equivocarme, pero no tengo demasiadas esperanzas de que la justicia civil acceda al pedido de mis clientas”, especuló la abogada Florencia Kravetz quien, además de representar a Cordero y su esposa, patrocinó a la segunda pareja de varones en casarse en Argentina. Que el Estado se niegue a reconocer un matrimonio válido y que cuenta con el libro de familia español (la versión azul e ibérica de la libreta colorada argentina) “viola la ley de migraciones –dice Kravetz–, que indica que una de las cosas que tienen que procurar las resoluciones es tender a facilitar la reunificación familiar”. Aquí, en cambio, se está “no reconociendo y echando a uno de los miembros de la pareja porque no se contempla” una realidad política y social en la que “hay un proyecto de ley sobre modificación del matrimonio civil, y en un país donde, además, ni siquiera está técnicamente prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo”, como sostuvo, de hecho, la jueza Elena Liberatori en el fallo que ordenó al registro civil casar a Damián Bernath y Jorge Salazar.
No es la primera vez que el Estado argentino se niega a reconocer un matrimonio entre personas del mismo sexo que otros países avalan y protegen, aun cuando los impactos concretos de esa decisión resultan más visibles en este caso en particular (ver aparte). Cordero y su esposa pudieron vivir ambas experiencias, el reconocimiento y el inicio de la zozobra en la misma ciudad: mientras intentaban ser reconocidas como cónyuges por las autoridades argentinas, lograban inscribir su matrimonio ante el Estado español sin más trámite que recurrir al consulado de España en Buenos Aires.
La situación se repite, indica Rachid, con muchas parejas. “Muchas personas viven con la ilegalidad de todos esos problemas, de la imposibilidad de acceder a sus derechos porque no pueden mostrar documentación. En el caso de esta pareja, no se traduce sólo en que tengan dificultades legales para proteger su convivencia, sino también en que es como si estuvieran empujando a la pareja de Cordero a tomar la decisión de quedarse en la ilegalidad, si no quiere romper su matrimonio. Eso tiene consecuencias en el acceso a la salud, a la Justicia, al trabajo.”
“Nosotras estamos casadas –insiste Cordero–, el Estado tiene la obligación de reconocer nuestro vínculo y darle a ella la residencia como matrimonio que somos. No es justo que ella tenga que pedir otra cosa. Si en lugar de estar acá, tuviéramos que ir a vivir a España, esto no pasaría.”
Dentro de dos meses, Cordero y C. P. celebrarán el segundo aniversario de su casamiento en Ottawa. El romance había sido tan fulminante que en un año a ambas les había cambiado la vida: C. P. dejó Sevilla y se trasladó a Caracas, donde Cordero se había radicado en 2005 para trabajar como funcionaria del estado venezolano. Ella era, allí, defensora especial en el área de Salud, de la Defensoría del Pueblo “en la República Bolivariana de Venezuela”, donde podía conjugar su formación en psicología, sexología y periodismo, además de su militancia feminista. En el fondo, cree que aun cuando quería que sucediera, no esperaba que el Estado argentino reconociera de inmediato su matrimonio. De hecho, no pierde las esperanzas de que la Dirección de Migraciones reconsidere el caso: el límite legal para recurrir la decisión vencía el viernes, pero para pedir una revisión de la resolución es preciso abonar un cargo de 300 pesos que C. P., al presentarse para el trámite, ni tenía ni sabía que precisaba. Ahora, su último plazo para pedir que las autoridades migratorias le permitan vivir en Argentina con los derechos de una mujer casada con una ciudadana es hoy.
Página 12, 29-03-10
martes, 6 de abril de 2010
Andalgalá: ¿pueblo mina?
Andalgalá, la ciudad que fue concesionada
El gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal.
Por Darío Aranda
En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue una de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud.
La empresa, que en ese momento pertenecía al consorcio de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion –hoy Yamana Gold–, había prometido, junto a los políticos de turno, la construcción de un barrio para 5 mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas y 6 mil puestos de empleo. Nada se cumplió. Ya en 2004 Andalgalá estaba dividida en torno de la minería. Pero la noticia de un nuevo yacimiento –Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro–, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, alarmó a la ciudad. El emprendimiento se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población (ver aparte).
Urbano Cardozo es un jubilado que divide su tiempo entre la familia y la militancia, según sus palabras, por mantener el ambiente sano para sus nietos. Había aplaudido la llegada de la gran minería a la zona, pero en poco tiempo cambió de opinión. En abril de 2004 le advirtió a este periodista: “Agua Rica es la primera de una larga fila de mineras que se quieren instalar, por eso hay que frenarla. Vienen por todo. Quieren matar al pueblo”. Seis años después, el miércoles pasado, Cardozo volvió a hablar con este diario. “Sabíamos y sabemos que Agua Rica es la carta de defunción del pueblo, pero no imaginamos que el gobierno y las empresas llegarían a tanto, a rematar el pueblo, a echarnos para que venga una minera. No pensé vivir algo así”, lamentó el jubilado militante.
El documento oficial, de la Secretaría de Minería de Catamarca, es claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Es el párrafo textual de un escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que lleva la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.
El informe oficial precisa que se trata del expediente “770B2005”, que el yacimiento fue denominado “Pilciao 16”, y detalla que se entregó el área a las empresas Billiton Argentina BV y confirmó la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucra 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La concesión minera de la ciudad de Andalgalá fue otorgada silenciosamente en diciembre de 2005, y fue mantenida en secreto hasta noviembre último, cuando el concejal Alejandro Páez realizó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca. “A mediados de 2009 me llamó la atención que en una zona cercana, de valles y donde el pueblo de Andalgalá tiene reservas de aguas subterráneas, se comenzaron a ver movimientos, perforaciones y venta de campos. Por eso hice el pedido de informes a la autoridad competente. Nunca imaginé que nuestras autoridades habían entregado el pueblo de forma tan indigna”, detalló Páez.
Con el contexto de una comunidad que se debate desde hace una década por el accionar minero, la posibilidad de desalojos masivos y la pérdida del lugar donde vivieron toda su vida, se incrementó el rechazo a la actividad. La Asamblea Vecinos por la Vida de Andalgalá dio el alerta en diciembre: “Nos sentimos expulsados, violados, ultrajados, al enterarnos de que la Secretaría de Minería concedió a la empresa Billiton Argentina BV el área de mina que cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá. No puede entrar en la lógica de nadie que un gobierno valore más el interés de una empresa minera por encima de los derechos a la vida de toda la ciudad”, denunció.
Los vecinos impulsaron “Caminatas por la vida”, marchas en las que reunieron a más de 5 mil personas (en un pueblo de 17 mil). Graciela Chayle tiene 46 años, cinco hijos, y es nacida y criada en Andalgalá, como sus padres. Tiene una pregunta y dos certezas. “¿Cómo se animaron a hacer algo como Pilciao 16, con el desalojo de la ciudad incluido?” Se responde: “El gobierno y las empresas jamás pensaron que el pueblo se iba a levantar, nos veían como quedados, demasiado tranquilos. Como ya habíamos permitido a Alumbrera, pensaron que no íbamos a hacer nada. Por otro lado, queda claro que se equivocaron: Andalgalá resiste”.
Billiton Argentina BV pertenece al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países. Explota y comercializa petróleo, aluminio, metales, acero, diamantes y carbón energético. Una de sus subsidiarias (BHP Petroleum Corporation) explora, con permiso británico, petróleo en las Islas Malvinas. Billiton Argentina BV tiene presencia en Salta desde 2007, donde cuenta con 40 mil hectáreas en concesión. La empresa no cuenta con sitio de Internet en la Argentina, no hay datos suyos en los sitios especializados en minería y en la Secretaría de Minería de Catamarca dijeron no tener contactos actualizados.
Desde la Secretaría de Minería de Catamarca rechazaron hablar con Página/12. Sí hablaron con el diario local El Ancasti. Admitieron la entrega en concesión de Andalgalá a la empresa, que ésta presentó una declaración de impacto ambiental en 2006 y explicaron que “la empresa concesionaria ha demostrado desinterés en la misma en los últimos años, por lo que se infiere falta de interés en la zona”.
El concejal Páez toma distancia de las autoridades provinciales. “Pilciao 16 fue un avasallamiento realizado sin consultar a la población directamente afectada. Si han tenido decisión de hacer eso, ya no puedo creer nada de lo que digan las empresas, la Secretaría de Minería de Catamarca, ni la Secretaría de Minería de Nación.”
Los vecinos que se oponen desde hace una década a la actividad extractiva también afirman que la marcha atrás es sólo momentánea y advierten que no dejarán las calles hasta que se cumpla su exigencia: “Fuera Agua Rica y jamás Pilciao 16. No a la minería, sí a la vida”.
Página 12, 229-03-10
El gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal.
Por Darío Aranda
En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.
El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue una de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud.
La empresa, que en ese momento pertenecía al consorcio de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion –hoy Yamana Gold–, había prometido, junto a los políticos de turno, la construcción de un barrio para 5 mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas y 6 mil puestos de empleo. Nada se cumplió. Ya en 2004 Andalgalá estaba dividida en torno de la minería. Pero la noticia de un nuevo yacimiento –Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro–, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, alarmó a la ciudad. El emprendimiento se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población (ver aparte).
Urbano Cardozo es un jubilado que divide su tiempo entre la familia y la militancia, según sus palabras, por mantener el ambiente sano para sus nietos. Había aplaudido la llegada de la gran minería a la zona, pero en poco tiempo cambió de opinión. En abril de 2004 le advirtió a este periodista: “Agua Rica es la primera de una larga fila de mineras que se quieren instalar, por eso hay que frenarla. Vienen por todo. Quieren matar al pueblo”. Seis años después, el miércoles pasado, Cardozo volvió a hablar con este diario. “Sabíamos y sabemos que Agua Rica es la carta de defunción del pueblo, pero no imaginamos que el gobierno y las empresas llegarían a tanto, a rematar el pueblo, a echarnos para que venga una minera. No pensé vivir algo así”, lamentó el jubilado militante.
El documento oficial, de la Secretaría de Minería de Catamarca, es claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Es el párrafo textual de un escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que lleva la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.
El informe oficial precisa que se trata del expediente “770B2005”, que el yacimiento fue denominado “Pilciao 16”, y detalla que se entregó el área a las empresas Billiton Argentina BV y confirmó la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucra 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.
La concesión minera de la ciudad de Andalgalá fue otorgada silenciosamente en diciembre de 2005, y fue mantenida en secreto hasta noviembre último, cuando el concejal Alejandro Páez realizó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca. “A mediados de 2009 me llamó la atención que en una zona cercana, de valles y donde el pueblo de Andalgalá tiene reservas de aguas subterráneas, se comenzaron a ver movimientos, perforaciones y venta de campos. Por eso hice el pedido de informes a la autoridad competente. Nunca imaginé que nuestras autoridades habían entregado el pueblo de forma tan indigna”, detalló Páez.
Con el contexto de una comunidad que se debate desde hace una década por el accionar minero, la posibilidad de desalojos masivos y la pérdida del lugar donde vivieron toda su vida, se incrementó el rechazo a la actividad. La Asamblea Vecinos por la Vida de Andalgalá dio el alerta en diciembre: “Nos sentimos expulsados, violados, ultrajados, al enterarnos de que la Secretaría de Minería concedió a la empresa Billiton Argentina BV el área de mina que cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá. No puede entrar en la lógica de nadie que un gobierno valore más el interés de una empresa minera por encima de los derechos a la vida de toda la ciudad”, denunció.
Los vecinos impulsaron “Caminatas por la vida”, marchas en las que reunieron a más de 5 mil personas (en un pueblo de 17 mil). Graciela Chayle tiene 46 años, cinco hijos, y es nacida y criada en Andalgalá, como sus padres. Tiene una pregunta y dos certezas. “¿Cómo se animaron a hacer algo como Pilciao 16, con el desalojo de la ciudad incluido?” Se responde: “El gobierno y las empresas jamás pensaron que el pueblo se iba a levantar, nos veían como quedados, demasiado tranquilos. Como ya habíamos permitido a Alumbrera, pensaron que no íbamos a hacer nada. Por otro lado, queda claro que se equivocaron: Andalgalá resiste”.
Billiton Argentina BV pertenece al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países. Explota y comercializa petróleo, aluminio, metales, acero, diamantes y carbón energético. Una de sus subsidiarias (BHP Petroleum Corporation) explora, con permiso británico, petróleo en las Islas Malvinas. Billiton Argentina BV tiene presencia en Salta desde 2007, donde cuenta con 40 mil hectáreas en concesión. La empresa no cuenta con sitio de Internet en la Argentina, no hay datos suyos en los sitios especializados en minería y en la Secretaría de Minería de Catamarca dijeron no tener contactos actualizados.
Desde la Secretaría de Minería de Catamarca rechazaron hablar con Página/12. Sí hablaron con el diario local El Ancasti. Admitieron la entrega en concesión de Andalgalá a la empresa, que ésta presentó una declaración de impacto ambiental en 2006 y explicaron que “la empresa concesionaria ha demostrado desinterés en la misma en los últimos años, por lo que se infiere falta de interés en la zona”.
El concejal Páez toma distancia de las autoridades provinciales. “Pilciao 16 fue un avasallamiento realizado sin consultar a la población directamente afectada. Si han tenido decisión de hacer eso, ya no puedo creer nada de lo que digan las empresas, la Secretaría de Minería de Catamarca, ni la Secretaría de Minería de Nación.”
Los vecinos que se oponen desde hace una década a la actividad extractiva también afirman que la marcha atrás es sólo momentánea y advierten que no dejarán las calles hasta que se cumpla su exigencia: “Fuera Agua Rica y jamás Pilciao 16. No a la minería, sí a la vida”.
Página 12, 229-03-10
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